La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, ha acusado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar a los ayuntamientos como "la hermana pequeña" del sistema institucional, denunciando la "ausencia total de normativa" en torno a la tasa de basuras impuesta por el Ejecutivo a nivel estatal. Así lo ha expresado durante su comparecencia en el Pleno de Cibeles, a instancias del grupo municipal Vox.
Hidalgo ha defendido que la aplicación de esta tasa no ha sido una decisión del Gobierno de Almeida, sino una imposición derivada de una ley estatal que obliga a más de 1.300 municipios españoles a implantarla antes de 2025. “No nos gusta esta tasa porque ataca la autonomía municipal”, ha afirmado con contundencia, criticando además que el Gobierno central le dedicase "solo tres párrafos" a una figura tributaria completamente nueva, dejando a los consistorios sin directrices claras para su aplicación.
En este sentido, ha recordado que la medida fue aprobada por el Parlamento con el apoyo de la izquierda, y ha reprochado a Vox su doble discurso por criticar la tasa en Madrid mientras esta opera en municipios donde gobierna su partido, como Valladolid o Elche. “Cínicos”, ha resumido Hidalgo, afeando al grupo que ahora pida lo que sus alcaldes ya están ejecutando en otros puntos del país.
Una tasa impuesta por razones políticas, no técnicas
Hidalgo también ha desmentido el argumento esgrimido inicialmente por el Ejecutivo de que se trataba de una exigencia de la Unión Europea. “Fue el propio vicepresidente europeo quien, en diciembre de 2024, aclaró que la implantación era una opción política del Gobierno de España”, ha recordado.
La delegada ha detallado que, a pesar de la falta de normativa estatal y la complejidad técnica, el Ayuntamiento ha trabajado durante dos años para diseñar una tasa "coherente y solvente desde el punto de vista jurídico", con una parte fija basada en el valor catastral de la vivienda y otra variable según el volumen de residuos generado y el grado de separación por barrios.
De cara a 2026, el Consistorio introducirá nuevas variables, como el número de empadronados en cada vivienda, estableciendo tarifas por tramos. “La cantidad de discrepancias entre las bases de datos del catastro y el padrón ha hecho necesario un trabajo informático ímprobo”, ha indicado.
En cuanto a la polémica sobre los garajes residenciales, Hidalgo ha explicado que este año han tributado como inmuebles industriales porque así aparecen en el catastro. A partir del próximo ejercicio, podrán acogerse a una declaración responsable para dejar de pagar si efectivamente no tienen uso industrial, tras comprobación de la Administración.
Rebajas fiscales y acusación de abandono a los municipiosLa delegada ha recordado que desde 2019 el Gobierno municipal ha aprobado rebajas fiscales que han supuesto un ahorro acumulado de 1.280 millones de euros, “de modo que hoy los madrileños pagan 253 millones menos al año”.
Pese a ello, ha lamentado que el Ejecutivo central haya cargado sobre los ayuntamientos la responsabilidad de aplicar esta tasa sin dotarlos de un marco legal claro ni de medios para ejecutarla adecuadamente. “Cada municipio la está aplicando como puede, con lo que tiene. La falta de homogeneidad es absoluta”, ha advertido.
Por ello, ha insistido en que la tasa es fruto de una decisión política impuesta desde el Gobierno de Sánchez, sin tener en cuenta ni la capacidad técnica de los ayuntamientos ni el principio de autonomía local. “Quien aprobó esta ley fue la izquierda. Nosotros hemos intentado adaptarla con los menores costes posibles y sin poner en riesgo la seguridad jurídica del Ayuntamiento”, ha concluido.
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